Criminalización

Me están criminalizando por defender nuestra tierra, agua, montañas y vida. ¡Libertad para nuestros presos políticos y para todos los que defienden la vida!
- Maria Cuc Choc

Como resultado del trabajo realizado por los colectivos Festivales Solidarios y Mujeres en Movimienta y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y organizaciones estudiantiles, se vive desde hace aproximadamente 6 meses un proceso de criminalización y agresiones por la defensa del derecho a la libertad de expresión y la libertad de manifestación en el contexto de la pandemia y el aumento de la corrupción en Guatemala.

Libertad para María Choc, cuidar la tierra no es un delito

Con la llegada del gobierno de Alejandro Giammattei en enero de 2020, la situación de la defensa de los derechos humanos se ve gravemente afectada y con ello incrementado la vulnerabilidad en la que las personas defensoras de derechos humanos ejercen su acción de defensa, esto ha incrementado la criminalización contra las personas defensoras, las agresiones y la violencia van en aumento, la violencia se manifiesta desde el entorno virtual, el seguimiento, el asedio hasta la violencia física, incluyendo amenazas de muerte, asesinatos y denuncias penales presentadas en diversas fiscalías.

En el caso específico de Festivales Solidarios se han registrado hechos de agresiones, violencia, retenciones paramilitares, campañas de odio en redes sociales y agresiones físicas desde 2014 a la fecha.

Las agresiones en contra de los integrantes de este colectivo se han incrementado, desde el análisis en línea de tiempo se inició con agresiones, campañas de odio5 , difamación, violencia física e incluso amenazas de muerte, atentados contra la vida, como lo ocurrido el pasado 22 de septiembre de 20206 en donde se vivió una agresión violenta, la cual dejó lesiones graves7 a varios de los integrantes por documentar y denunciar la tala ilegal en el bosque comunitario del Alto de Totonicapán8 . Por este suceso se presentó una denuncia, hay personas identificadas y detenidas con un proceso judicial abierto, de donde se ha identificado la existencia de una red de taladores que se han organizado para depredar el bosque comunal y área protegida9 , lo que permite a esta organización previo análisis situacional, estar en alto riesgo por la labor de defensa de los derechos humanos que realizan, pues las agresiones han ido en aumento de leve a alto riesgo y peligro de sus propias vidas.