NAPO, Ecuador — 18 de agosto de 2026.
Fotos: Karen Toro
Comunidades kichwa de Napo se movilizan en defensa de los ríos amazónicos y alertan sobre el grave impacto ecológico y de salud provocado por la minería ilegal y extractiva.
Lideradas por guardias comunitarias de mujeres, las comunidades exigen que las medidas gubernamentales se traduzcan en una protección real y permanente de los territorios ancestrales.
En el marco del XII Foro Social Panamazónico (FOSPA), la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo (FOIN), junto a las comunidades kichwa de Serena y Tzawata y colectivos sociales, realizaron una contundente jornada de movilización territorial sobre las aguas del río Jatunyaku para denunciar el avance desmedido de la minería en la Amazonía ecuatoriana.
Bajo la consigna “El agua es vida, Ama la Amazonía” y el lema panamazónico “Adoke Öme – Un solo territorio, libre de extractivismo”, las comunidades hicieron un llamado urgente a la opinión pública internacional sobre la crisis socioambiental que enfrenta la cuenca amazónica.
Resistencia comunitaria frente al avance del oro
Frente a la presión de la actividad minera, la comunidad de Serena —integrante de una red que custodia 17.000 hectáreas libres de minería— se ha convertido en un emblema de resistencia territorial. Desde 2020, tras rechazar ofertas económicas de empresas mineras para explorar oro, las mujeres de la comunidad organizaron Yuturi Warmi, una guardia indígena conformada por 35 mujeres que vigila el acceso al territorio.
«Nos estamos organizando contra el ataque sistemático de la minería ilegal. Desde que llegaron los mineros, perdimos la sensación de paz», afirmó María José Andrade Cerda, integrante de Yuturi Warmi.
«En apenas tres años todo cambió. La tierra ha sido envenenada. Ya no hay peces, salvo los que están contaminados. La gente los come y se enferma cada vez más», añadió Nashly Tanguila, compañera de la guardia.
Cifras que evidencian la crisis en Napo
Pese a que el Gobierno Nacional de Ecuador dispuso en febrero de 2026 la suspensión de actividades mineras en la provincia y a operativos militares recientes en reservas protegidas como Colonso Chalupas, la minería ilegal continúa operando:
-
Más de 1.700 hectáreas resultaron afectadas por la minería entre 2017 y 2024 en la provincia.
-
Las cuencas de los ríos Anzu (635 ha) y Jatunyaku (502 ha) concentran la mayor afectación directa.
-
Existen más de 31.520 hectáreas bajo 146 concesiones de pequeña minería de oro en la zona.
Desde la sociedad civil, Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Derechos Humanos Ecuador, advirtió:
“En Napo se encuentra en marcha una estrategia jurídica de despojo articulada a través de las omisiones permanentes y sistemáticas del Estado ecuatoriano de cumplir con sus obligaciones relacionadas con la protección de los territorios ancestrales y el cuidado del agua”.
Un llamado regional en un punto de no retorno
La alerta cobra especial relevancia regional ante los datos del Panel Científico por la Amazonía, que señalan que la deforestación acumulada alcanza cerca del 18% del bioma amazónico, con un 38% adicional degradado, colocando a la región al borde de un colapso ecológico irreversible.
“No partimos para conquistar, sino para conectar; para que el mundo, finalmente, escuche las voces de la Amazonía”, subrayó el activista kichwa Leo Cerda.
El XII Foro Social Panamazónico (FOSPA) reunirá del 16 al 21 de agosto en Ecuador a delegaciones de pueblos indígenas, afrodescendientes, movimientos sociales y científicos de los nueve países que comparten la cuenca amazónica (Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa), con el objetivo de articular alternativas sostenibles frente al extractivismo.
Más información: www.fospaecuador.com