Fotos y edición: Carlos Ernesto Cano
"Nos destruyeron el proyecto de vida, pero no quiénes somos" - Siomara Sosa
Una mujer marcada por el servicio público y por la búsqueda de justicia en un país fracturado; abogada y exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI); la exfuncionaria que encaró tramas de corrupción multimillonarias como el caso Odebrecht; la mujer que conoció de cerca el encierro y el estigma de la persecución penal tras pasar 25 días encarcelada; la primera universitaria de su hogar, deportista apasionada del básquetbol en sus años jóvenes, pero también la funcionaria que vio interrumpida de tajo su trayectoria cuando estaba a las puertas de jubilarse: todo eso y más es Siomara Sosa.
A diferencia de la narrativa procesal y el ruido judicial que suele envolver a las figuras de operadores de justicia perseguidos, adentrarse en la historia de Siomara Sosa exige mirar hacia el pasado, hacia las aulas y las canchas. En su juventud, el básquetbol no solo fue un pasatiempo, sino un espacio donde ejercía la disciplina y la consistencia; años más tarde, esa misma tenacidad la llevaría a alcanzar un hito inolvidable dentro de su familia: graduarse de la universidad como la primera profesional de su hogar, la primera mujer en su familia.
"Tuve la oportunidad de estudiar, de graduarme, de ser la primera en la universidad. Y, bueno, en un momento fui el orgullo de mi familia", cuenta Sosa desde el exilio. Aquel esfuerzo inicial rindió frutos durante décadas de trabajo continuo dentro del Ministerio Público (MP), donde ascendió con mérito profesional hasta convertirse en una de las fiscales clave en la investigación de redes complejas de corrupción dentro de la FECI. Sin embargo, ese proyecto de vida, sostenido por la estabilidad profesional y económica, y enfocado en una jubilación cercana de su carrera como fiscal, saltó por los aires cuando empezó a ser investigada como represalía por los procesos penales que puso a empresarios y a políticos en el banquillo de los acusados.
Reducir la persona a un expediente: el impacto en la identidad y en la vida
Para Siomara, uno de los golpes más duros del proceso no ha sido únicamente el desgaste legal, sino la forma en que la persecución intentó arrebatarle su identidad, despojándola de su trayectoria como profesional e investigadora para ser encasillada bajo un rótulo penal.
"El daño al proyecto de vida que nos han causado, la destrucción a nuestro proyecto de vida... De un día para otro, yo tuve que salir y dejarlo todo y figurar en la conciencia de las personas o de la sociedad... en algún momento se levantó esa sensación de que éramos criminales, ese estigma sobre nosotros", reflexiona.
Atrás quedaron las rutinas familiares y los años de entrega al MP. Para quien estaba a pocos años de retirarse del servicio público, la salida forzada del país significó la interrupción abrupta de su estabilidad personal y laboral.
"Yo ya no tengo 20 o 30 años para empezar una vida laboral en otro país. Para otros ha sido mucho más fácil porque son mucho más jóvenes que yo. Yo estaba a punto de jubilarme del MP... Entonces, yo ahora me pongo a pensar: no voy a hacer una jubilación en otro país donde nadie me va a querer contratar o no me van a alcanzar los años de vida laboral", expresa con franqueza.
El desarraigo forzado no solo golpea la proyección profesional; carcome también la salud y la tranquilidad cotidiana. Sosteniéndose a través de becas temporales en el extranjero, Sosa habla de las secuelas emocionales del exilio: "a consecuencia de eso, uno sufre de otras cosas que, estando en Guatemala, no sufriría, como ansiedad, problemas de estrés y todo lo demás que te puedes imaginar y que uno ha tenido que aprender a manejar".
La paradoja del caso Odebrecht y el laberinto judicial
La labor de Sosa dentro de expedientes de alto impacto, como el caso Odebrecht, permitió destapar el desvío de aproximadamente 20 millones de dólares en sobornos en Guatemala. Las pesquisas contables y financieras revelaron no solo las maniobras de exfuncionarios del Ejecutivo y constructoras, sino una red de alcance legislativo donde 108 diputados incluyendo al actual Presidente del Congreso, Luis Contreras habrían recibido pagos de 250 mil quetzales a través de intermediarios para favorecer contrataciones.
No obstante, la dinámica judicial dio un vuelco abrumador donde los acusados hoy día terminaron beneficiados con sobreseimientos y los investigadores pasaron al banquillo de los acusados. En medio de la reconfiguración del sistema de justicia, asistir a una diligencia formal o firmar un acta por su trabajo como fiscal se convirtió en causal de criminalización.
"Por un lado, dejaron libres a todos ellos, a pesar de que todavía se puede investigar, no se está haciendo nada. Y, por otro lado, los que estuvimos presentes en esa audiencia... imagínense ustedes de que Juan Francisco (exjefe de la FECI) y yo estábamos en Brasil... y a los representantes que solo se fueron a sentar allá y a decir 'sí, aquí estamos presentes'... solo por haber llegado y decir ahí 'buenos días', les fueron a pedir las órdenes de captura. Es una barbaridad", cuestionó la exfiscal.
El punto de quiebre en su vida cotidiana ocurrió con el expediente derivado de denuncias promovidas por sectores políticos y la querellante Fundación Contra el Terrorismo (FCT), encabezada por Ricardo Méndez Ruiz. Tras solicitar la conexión de causas para defenderse de manera técnica en el marco procesal, Sosa y la abogada Leily Santizo, quien era mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), fueron acusadas de una supuesta obstrucción a la justicia, lo que desencadenó órdenes de aprehensión y una detención preventiva de 25 días en prisión.
Al salir del penal, el juzgado le impuso una caución económica y restricciones de movilidad. En medio de esa marea de recursos legales pendientes, recusaciones que trasladaron sus causas a juzgados de Mayor Riesgo y el riesgo latente de nuevas órdenes de detención por procesos entrampados, Sosa tomó la decisión de abandonar el país para resguardar su libertad y su integridad.
Al analizar la figura de la FCT como abogada, Sosa expone las contradicciones entre el origen formal de la entidad y sus acciones cotidianas: "Se supone que ellos se fundaron para defender los derechos humanos de los militares que estaban siendo perseguidos por el conflicto armado interno... Sin embargo, si ustedes ven las acciones que ellos están tomando, no tienen ninguna relación con el objeto de su constitución. Además de eso, nosotros tenemos conocimiento de que ellos ni siquiera han prestado sus declaraciones de impuestos", señala, remarcando que existen causales administrativas claras para revocar su personería jurídica si existiera voluntad institucional en el Ejecutivo o en los órganos correspondientes.
La dignidad humana frente a la narrativa del retorno
Para Siomara Sosa, la narrativa de un "retorno cercano" promovida por sectores cercanos al gobierno actual carece de sustento y desconoce la complejidad de las vidas en el exilio.
Explica que las órdenes de captura en casos como el de la exmagistrada Blanca Staling siguen vigentes y que la anulación de ciertas capturas en el caso Odebrecht respondió a amparos de terceros y no a una revisión del MP a favor de los operadores de justicia.
Asimismo, cuestiona los discursos gubernamentales que intentan atribuirse el regreso de algunos guatemaltecos como un logro de gestión pública: "Me molesta tanto porque he oído declaraciones de personas del gobierno que dicen '¡ay, no, que ya van tres personas o cuatro que van regresando!'... Y lo irónico es que se quieren echar las palmas ellos de que regresaron gracias a ellos. Las personas que han regresado ha sido porque lo han decidido, porque sí lo han querido, porque sus condiciones se lo han permitido, pero no es porque el Gobierno las haya animado ni protegido... Las personas regresan por su voluntad, con sus bolsas, nada, no fue ninguna ayuda".
¿Qué se necesita, entonces, para pensar en un regreso a Guatemala? Para Siomara Sosa, la respuesta exige ir mucho más allá de las cifras y los expedientes judiciales. Requiere el cese efectivo de la persecución, garantías de imparcialidad en el sistema de justicia, el reconocimiento explícito del daño ocasionado a su proyecto de vida y la restitución de las condiciones laborales de las que fue despojada.
Mientras esas certezas no existan, la exfiscal permanece en la distancia, resistiendo no como un número de caso o una pieza procesal, sino desde la plenitud de su historia: la de la abogada, la deportista, la primera universitaria de su hogar y la mujer guatemalteca que se niega a que la persecución defina quién es.
