El caso de Dulce Archila, que se remonta a las protestas del 21 de noviembre de 2020, vuelve a enfrentar un nuevo retraso judicial. La suspensión del inicio del debate público, derivada de una recusación contra la jueza a cargo, mantiene detenido un proceso que ya supera los cuatro años sin una resolución definitiva.
De acuerdo con documentación oficial, la recusación fue planteada por el mandatario judicial del Congreso de la República de Guatemala, Luigi Estuardo Orozco Sánchez, en contra de la jueza Marjorie René Azpuru Villela, quien conoce el caso en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.
La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente programó audiencia para el 20 de abril de 2026, en la que deberá resolver si la recusación procede. Hasta que exista una decisión, el proceso no puede avanzar.
Un caso marcado por retrasos y decisiones judiciales
El expediente contra Dulce Archila se originó tras las manifestaciones ciudadanas de 2020, cuando la ciudadanía guatemalteca se puso en contra de un presupuesto nacional para el 2021, aprobado por el Congreso de la República. Tras las protestas multitudinarias, el Ministerio Público señaló a Dulce por supuestos daños al edificio del Congreso, bajo el delito de depredación de bienes culturales.
En junio de 2022, un juzgado penal cerró el caso al considerar que no existían elementos suficientes para enviarlo a juicio, al no poder establecerse con certeza que hubiera daño al inmueble ni la participación directa de la acusada.
Sin embargo, el proceso continuó tras recursos legales interpuestos por las partes acusadoras, lo que derivó en nuevas fases judiciales y mantuvo abierto el expediente. A lo largo del proceso, la defensa ha señalado inconsistencias en la investigación, incluyendo dificultades para individualizar la responsabilidad y errores en diligencias clave.
Más de cuatro años sin resolución
La actual suspensión se suma a una serie de retrasos que han impedido que el caso llegue a una resolución definitiva. La recusación pendiente de resolver vuelve a colocar el proceso en pausa, a la espera de que la Sala de Apelaciones determine si la jueza puede continuar al frente del mismo.
Mientras tanto, el caso de Dulce Archila permanece abierto, evidenciando los tiempos prolongados del sistema judicial en procesos que, a más de cuatro años de iniciados, aún no encuentran una decisión final.
