Carlos Ernesto Cano

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el periodismo enfrenta una nueva víctima: la ley convertida en arma

3 de mayo de 2026

 

Cada 3 de mayo el mundo conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha para celebrar los pilares de la democracia y la transparencia. Sin embargo, el informe más reciente de Reporteros Sin Fronteras, RSF, nos enfrenta a una realidad desoladora: por primera vez en 25 años, más de la mitad de los países evaluados se encuentran en una situación “difícil” o “muy grave”, y la puntuación media global “nunca había sido tan baja”.

 

No se trata solo de la violencia física, que persiste y duele. Hablamos de un fenómeno más sutil pero igualmente letal: la judicialización del periodismo. La nueva frontera de la censura ya no es el secuestro o el asesinato —aunque estos sigan ocurriendo—, sino el uso perverso de la ley para silenciar a la prensa incómoda y por supuesto, el exilio.

 

Guatemala: El “lawfare” como amenaza

 

Guatemala es el espejo más nítido de esta epidemia global. El país ocupa el puesto 128 de 180 en el ranking de RSF, y aunque ha habido una “leve mejora” en el discurso político del Ejecutivo, el indicador legal es el que más deterioro ha sufrido. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, ha calificado la situación como un “terrorismo judicial” dirigido desde el Ministerio Público y ciertos tribunales de la llamada dictadura judicial guatemalteca.

 

El caso del periodista José Rubén Zamora es el símbolo más brutal de esta realidad. Fundador del desaparecido diario elPeriódico, Zamora pasó más de 1,295 días en prisión preventiva —muchos de ellos de forma arbitraria— acusado de lavado de dinero, en un proceso que organismos internacionales han calificado como represalia por sus investigaciones sobre corrupción. Aunque recientemente recuperó su libertad condicional gracias a una resolución de la Corte Suprema de Justicia que reconoció la vulneración de su debido proceso, su caso envió un mensaje aterrador al gremio: investigar el poder puede costar la libertad.

 

Pero la persecución no se limita a las altas esferas judiciales. El reciente asesinato del periodista Carlos Cal Ical en San Cristóbal Verapaz demuestra que, en las regiones rurales y en la cobertura de conflictos sociales y ambientales, la violencia directa sigue siendo un mecanismo de intimidación letal, especialmente para los periodistas indígenas.

 

México y Palestina: dos caras de una misma moneda

 

El continente americano está “sumido en una espiral de violencia y represión”, advierte RSF. México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. No se trata únicamente de los números escalofriantes de periodistas asesinados, sino del clima de impunidad que rodea estos crímenes. Los cárteles y la corrupción política han fragmentado el territorio en zonas donde la prensa solo puede sobrevivir mediante la autocensura o la cobertura desde el exilio interno.

 

Mientras tanto, en Palestina, la situación adquiere ribetes de catástrofe humanitaria para la información. En contextos de guerra abierta, como el actual asedio sobre Gaza, la libertad de prensa es la primera baja del conflicto. Periodistas palestinos han sido blanco sistemático de ataques mientras intentaban documentar la realidad sobre el terreno. La comunidad internacional ha documentado tasas de mortalidad de periodistas inéditas en conflictos contemporáneos, donde ser comunicador equivale a llevar un target en la espalda, acusado falsamente de “terrorismo” por ejercer su oficio.

 

La trampa de la “seguridad nacional"

 

Lo que une a Guatemala, México y Palestina, más allá de sus evidentes diferencias geopolíticas, es la justificación recurrente de los poderes fácticos: la seguridad nacional o la lucha contra el crimen organizado. En Guatemala, el informe de RSF señala que las élites políticas se aprovechan de un marco jurídico “poco garante” para destruir a sus críticos. En México, el crimen organizado impone “leyes de silencio”. En Palestina, la ocupación militar y los ataques selectivos buscan borrar la narrativa local.

 

La SIP ha instado a los gobiernos a detener el “asedio a la prensa”, recordando que “el asesinato de un periodista, sumado a la impunidad que suele rodear a estos crímenes, constituye una de las más graves violaciones a la libertad de prensa”.

 

La defensa de la prensa es la defensa de la democracia

 

En este 3 de mayo no podemos permitir que el agotamiento informativo o la saturación de malas noticias nos lleven a la indiferencia. La defensa de José Rubén Zamora, la memoria de Carlos Cal Ical y la vida de cada periodista palestino o mexicano que arriesga todo para contarnos la verdad es la línea que separa la democracia de la tiranía.

 

La libertad de prensa no es un privilegio corporativo; es el derecho de la ciudadanía a saber. Cuando se encarcela a un periodista por un reportaje, no se persigue a una persona: se intenta encerrar al resto del mundo en la oscuridad. 

 

Que esta conmemoración sirva no solo para el lamento, sino para la exigencia de acción internacional y el respaldo irrestricto a quienes, a pesar del miedo, el exilio y los grilletes, insistimos en seguir escribiendo y hablando.