Hace una semana volvió a ser noticia mundial México y no por el torneo mundial de fútbol que se avecina, sino por la ola de violencia que afecta al país, pero este no es un mal endémico que pueda entenderse mirando exclusivamente hacia dentro de sus fronteras. Es ante todo, el reflejo de una dinámica binacional perversa y profundamente hipócrita. Durante décadas, la narrativa oficial desde Washington ha presentado la "Guerra contra las Drogas" como una cruzada contra la oferta, contra los malos de fuera, contra los cárteles mexicanos.
Sin embargo, un análisis objetivo de las cifras y los flujos ilegales revela una verdad incómoda para la Casa Blanca: el monstruo se alimenta de dos piernas. Una, la demanda insaciable de drogas en Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo y la otra, el flujo imparable de armas de alto poder que cruzan desde el norte para armar a los criminales, a las corporaciones criminales.
México paga con sangre una guerra que no es suya, o al menos, no exclusivamente. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha sido contundente en sus hallazgos: en lo que va de la administración federal, entre el 77% y el 78% de las armas largas y cortas aseguradas al crimen organizado tienen origen en Estados Unidos.
No se trata de pistolas calibre .22, sino de auténtico material de guerra. Hablamos de fusiles Barrett calibre .50, capaces de perforar blindajes a más de un kilómetro, lanzagranadas de 40 mm y lanzacohetes. Este es un equipo militar diseñado para confrontaciones entre ejércitos regulares, que ahora empuñan los sicarios en Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Chiapas y Jalisco.
La evidencia es aún más escalofriante cuando se rastrea la munición. Entre 2012 y 2025, México ha decomisado 137 mil cartuchos calibre .50, de los cuales casi la mitad (el 47%) provienen de la Lake City Army Ammunition Plant, una planta asociada al Pentágono en Misuri. Es decir, munición fabricada para el Ejército estadounidense que, a través de un mercado legal laxo y desregulado en estados como Arizona —de donde proviene el 62% de las armas traficadas —, termina cruzando la frontera para alimentar la maquinaria de muerte de los cárteles.
El gobierno de México, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha señalado con razón que los fabricantes y comerciantes de armas estadounidenses podrían ser considerados "cómplices" de la violencia, especialmente ante la posible designación de estos grupos como terroristas.
El apetito por las drogas
¿Y por qué la maquinaria no se detiene? Porque al otro lado de la frontera, el apetito por las drogas no tiene freno. La hipocresía estadounidense alcanza su punto máximo cuando, mientras señala a México como el origen del mal, omite que es su población la que sostiene el negocio. Según el World Drug Report 2024 de la UNODC, Estados Unidos es el principal consumidor de drogas ilícitas del mundo, con las tasas más altas de consumo per cápita de cocaína y opioides. Se estima que 70.3 millones de estadounidenses (casi el 25% de la población mayor de 12 años) consumieron drogas ilícitas en el último año . Esta demanda masiva genera un mercado ilícito valuado en unos 150 mil millones de dólares anuales, he ahí el negocio.
Este negocio multimillonario ha tenido consecuencias devastadoras, no solo en México, sino también en las propias ciudades estadounidenses. La crisis de opioides (fentanilo), alimentada inicialmente por las propias farmacéuticas estadounidenses que facilitaron el uso de analgésicos altamente adictivos, ha provocado una epidemia de muertes.
Entre 2010 y 2023, los fallecimientos por sobredosis de cocaína y opioides sintéticos se dispararon, superando las 100,000 muertes anuales en los últimos años . Es una tragedia humanitaria de primera magnitud que Washington prefiere externalizar, culpando a los proveedores extranjeros en lugar de mirar sus propias políticas de salud pública y su mercado de armas.
Es inaceptable que México siga soportando el costo en vidas, desplazados y descomposición social de esta dinámica. El gobierno mexicano ha comenzado a plantar cara con una demanda contra la industria armamentística estadounidense, un paso valiente que busca romper el ciclo de violencia. Pero se requiere mucho más: es necesario un replanteamiento bilateral y profundo de la estrategia.
Mientras Estados Unidos no asuma su corresponsabilidad, cerrando el grifo de las armas —especialmente la munición de origen militar— y abordando su crisis de consumo como un problema de salud pública y no como una excusa para la injerencia, la paz en México seguirá siendo una quimera. No podemos seguir midiendo la fiebre de la violencia con un termómetro roto mientras al mismo tiempo se deja abierto el grifo que la alimenta. La guerra contra el narco, o se combate en ambos lados del río Bravo, o este será un loop sin fin.