Hay momentos en la historia de una nación en los que la neutralidad se convierte en complicidad. Guatemala vivió uno de esos momentos definitorios entre octubre de 2023 y enero de 2024, cuando los pueblos originarios, con sus varas de mando en alto, se convirtieron en la reserva moral de la democracia. Hoy sin embargo, el país enfrenta una paradoja dolorosa: el presidente Bernardo Arévalo, heredero político de esa gesta popular, parece atrapado en una tibieza que, en el contexto guatemalteco, no es otra cosa que una postura política conservadora.
La fiscal general Consuelo Porras sigue al frente del Ministerio Público a pesar de ser el rostro del lawfare en la región, a pesar de las sanciones internacionales, a pesar de haber intentado descarrilar el proceso electoral que llevó a Arévalo al poder. Y el presidente, que prometió una nueva primavera, no ha logrado removerla. No se trata de una simple omisión administrativa: es una decisión política. Y en política, la decisión de no decidir es siempre una toma de postura.
El conservadurismo de la inacción
La tibieza política rara vez es reconocida como lo que es: una forma de conservadurismo. Quien se niega a usar las herramientas que el sistema democrático ofrece para desmantelar estructuras corruptas está, de hecho, preservando el statu quo. El conservadurismo no sólo se expresa en quienes defienden abiertamente privilegios coloniales; también se manifiesta en quienes, pudiendo transformar, optan por la prudencia que paraliza, la estrategia tibia del ajedrez.
Arévalo ha mostrado una contradicción preocupante. Su gobierno ha denunciado la criminalización de líderes indígenas —como la persecución contra autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán— y ha reconocido públicamente que el Ministerio Público ejecuta un "ataque a la democracia". Sin embargo, el reconocimiento del problema no ha ido acompañado de acciones contundentes para resolverlo. La fiscal general continúa en su cargo y con ella, la estructura que sostiene a la dictadura judicial.
El presidente parece olvidar que gobernar es, fundamentalmente, enfrentar las contradicciones estructurales, no administrarlas con cuidado para no perturbar a los poderes fácticos. Su inacción no es equidistancia; es concesión. Y en un país donde las élites político-criminales han demostrado su disposición a destruir la institucionalidad con tal de conservar privilegios, la moderación frente al abuso se convierte en complicidad pasiva.
La dignidad que sostuvo la democracia
Para comprender el peso de esta tibieza, es necesario recordar lo que ocurrió en 2023. Cuando las élites golpistas, enquistadas en el Ministerio Público y en otras instituciones, intentaron revertir el resultado electoral que dio el triunfo a Arévalo, fueron los pueblos originarios quienes ocuparon el espacio que las instituciones democráticas habían abandonado.
Las autoridades ancestrales de los 48 Cantones de Totonicapán, la Alcaldía Indígena de Sololá, el Parlamento del Pueblo Xinka y tantas otras organizaciones convocaron a un paro nacional indefinido que paralizó el país por más de 100 días. No fue una protesta convencional. Las carreteras bloqueadas se llenaron de música, bailes, rezos ecuménicos y ollas comunitarias. La resistencia fue pacífica, lúdica y profundamente digna.
Fue, como lo han reconocido intelectuales y organismos internacionales, "el levantamiento social más grande y pluricultural" de la historia reciente de Guatemala, con liderazgo de los pueblos a través de sus autoridades ancestrales. Los 48 Cantones y otras estructuras de gobernanza indígena demostraron que, cuando el Estado falla, la comunidad se erige como el último dique de contención contra el autoritarismo y la dictadura.
Lo notable de esta movilización es que fue protagonizada por quienes históricamente han sido excluidos del sistema político. Los pueblos originarios defendieron una democracia que nunca los ha representado plenamente, que los ha discriminado y marginado. Defendieron el sistema no por lealtad acrítica a sus instituciones, sino porque entendieron que sin democracia liberal no hay posibilidad siquiera de luchar por una democracia intercultural y plural.
La comunidad internacional lo reconoció. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó "el papel instrumental de las protestas pacíficas organizadas por líderes ancestrales e indígenas en la preservación del orden democrático". La academia internacional los ha denominado "los guardianes imprevistos de la democracia constitucional". Fueron imprevistos porque nadie esperaba que los excluidos se convirtieran en los defensores del sistema que los excluye.
https://youtu.be/MMkVCo79JJg?si=X5ozYkWJKrOWal2u
La deuda con quienes lo hicieron posible
Hoy, muchas de esas autoridades indígenas que lideraron la resistencia enfrentan procesos penales. La fiscal Porras, la misma que intentó anular las elecciones, continúa utilizando el aparato de justicia para criminalizar a quienes defendieron la voluntad popular . El gobierno de Arévalo lo reconoce, lo denuncia, pero no actúa para detenerlo.
Esta situación plantea una pregunta incómoda: ¿para qué se movilizaron los pueblos originarios en 2023? ¿Para que dos años después el gobierno que ellos ayudaron a instalar siga conviviendo con la misma estructura corrupta que intentó consumar el golpe?
La tibieza del presidente Arévalo no sólo es políticamente conservadora; es históricamente ingrata. Quienes arriesgaron su libertad y su vida para que él pudiera tomar posesión el 14 de enero de 2024 merecen más que diagnósticos compasivos y declaraciones de solidaridad. Merecen acciones concretas para desmantelar el aparato de persecución que hoy los amenaza.
El gobierno ha dado pasos importantes, como la instalación de una asamblea de autoridades ancestrales para el diálogo con el Ejecutivo y la firma de acuerdos de desarrollo con comunidades indígenas. Pero estas acciones, valiosas en sí mismas, resultan insuficientes mientras la fiscal general continúe en su cargo y mientras los líderes indígenas enfrenten procesos penales por haber defendido la democracia.
La reforma constitucional que garantice los derechos de los pueblos indígenas, que reconozca el carácter plurinacional del Estado, es una tarea pendiente y fundamental. Pero no puede esperar a que la correlación de fuerzas sea perfecta. Se construye en la lucha, no en la antesala de ella.
Conclusión
La democracia guatemalteca no se salvó en las urnas, aunque el voto fue el origen. Se salvó en los caminos bloqueados, en las ollas comunitarias, en las varas de mando levantadas frente al Ministerio Público. Los pueblos originarios demostraron que la dignidad no necesita de instituciones fuertes cuando la comunidad está unida.
La tibieza es un lujo que la historia no perdonará. La dignidad, en cambio, es una herencia que los pueblos de Guatemala ya han demostrado estar dispuestos a reclamar, con o sin sus gobernantes y el tiempo de Bernardo Arévalo el “tibio conservador”, al parecer, ya pasó…