7 de agosto de 2026
Miles de costarricenses se concentraron el 6 de agosto de 2026 en la Plaza de la Democracia de San José y en otras provincias, en un plantón pacífico en defensa de la democracia y del Poder Judicial. La movilización, que comenzó a llenarse desde las 3:30 de la tarde y se mantuvo hasta cerca de las 8:30 de la noche, reunió a una cantidad importante de personas durante varias horas, con banderas, pancartas y consignas a favor de la independencia de poderes.
El plantón responde a lo que muchos consideran un ataque directo al Poder Judicial por parte del Ejecutivo y del Legislativo. El Gobierno ha impulsado recortes fuertes al presupuesto judicial (más de ₡13.000 millones en 2026) y ha mantenido un discurso constante de confrontación. Al mismo tiempo, la Asamblea Legislativa, donde el oficialismo tiene mayoría, ha dilatado durante meses la elección de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional (Sala IV). Las listas de candidatos han sido devueltas en varias ocasiones y el proceso se ha trabado con dinámicas parlamentarias que generan parálisis.
Este bloqueo tiene un trasfondo político claro. El expresidente Rodrigo Chaves, ahora ministro de Hacienda y de la Presidencia en el gobierno de Laura Fernández, enfrenta decenas de procesos judiciales. Solo la Sala Constitucional puede intervenir en el levantamiento de su inmunidad, pero varios magistrados propietarios tienen impedimentos y la falta de suplentes impide que el tribunal funcione con normalidad. Sectores de la sociedad civil y de la oposición ven en esta situación un intento de debilitar o cooptar al Poder Judicial, siguiendo un patrón conocido en la región: controlar la justicia para operar con menos contrapesos.
Costa Rica ha sido durante décadas una de las democracias más estables de Centroamérica, reconocida por su Estado social de derecho y por la independencia de sus instituciones. La actual tensión entre poderes pone a prueba esa tradición. El plantón del 6 de agosto fue una respuesta ciudadana multitudinaria que buscó defender esos equilibrios básicos: la separación de poderes, la independencia judicial y el Estado de derecho como garantías para toda la población.
