19 de abril de 2026
Pasan 50 años del inicio del denominado "Plan Cóndor" y aunque los regímenes militares que lo ejecutaron han desaparecido, la historia se niega a ser un simple archivo. Fue un capítulo oscuro donde la coordinación criminal entre dictaduras del Cono Sur fue posible gracias a una pieza clave que la historia oficial suele omitir o maquillar: el diseño, la logística y la supervisión del gobierno de los Estados Unidos y sus agencias de inteligencia.
El Plan Cóndor no fue una invención original de los generales sudamericanos. Fue la aplicación práctica de la llamada “doctrina de Seguridad Nacional”, un manual de contrainsurgencia escrito en Washington para la Guerra Fría, en los años 70, mientras Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia se sumergían en el terrorismo de Estado, Estados Unidos proporcionó el "know-how" represivo.
La evidencia histórica demuestra que la participación estadounidense fue directa. No se limitó a mirar hacia otro lado. La CIA trasladó la tecnología represiva perfeccionada en la Operación Fénix (Vietnam) y la Operación Gladio (Europa) al Cono Sur. Agentes de inteligencia vinculados a estas operaciones globales fueron enviados a asesorar personalmente a dictadores como Augusto Pinochet desde 1973.
El resultado fue una maquinaria de desaparición forzada, asesinato y tortura de una eficacia industrial.
El Plan Cóndor perfeccionó el "terrorismo de Estado en red". Si un opositor escapaba de la dictadura argentina, era cazado en Montevideo o Santiago. Casos emblemáticos como el asesinato del general Carlos Prats en Buenos Aires o el homicidio del excanciller Orlando Letelier en pleno centro de Washington D.C. en 1976, revelan la naturaleza transnacional del plan.
En este último caso, la justicia estadounidense se vio forzada a admitir la existencia del Plan Cóndor, implicando a grupos terroristas cubanoamericanos con sede en Miami que operaban con total impunidad bajo la órbita de la política exterior de EE.UU.
El saldo fue devastador, más de 30,000 personas fueron desaparecidas o asesinadas en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia. Se instauró un sistema de "desaparecidos" como método de aniquilación masiva, una práctica que viola todos los principios del Derecho Internacional Humanitario y que sigue siendo un dolor abierto en las sociedades de sudamérica.
Sin la logística, el dinero y la bendición de Washington, el Plan Cóndor no habría alcanzado esa magnitud de horror.
La administración estadounidense no solo entrenó a los militares golpistas en la Escuela de las Américas, sino que facilitó el sistema de comunicación e inteligencia que permitió que los escuadrones de la muerte cruzaran fronteras sin obstáculos. La lucha contra el "comunismo" sirvió como excusa para implementar una estrategia de recolonización geopolítica, donde los derechos humanos eran vistos como un obstáculo a eliminar.
Hoy a 50 años de aquel inicio tétrico, resurgen en la región discursos que justifican el autoritarismo y prácticas de lawfare, persecución judicial y militarización de la política que recuerdan aquellos patrones. Mientras la justicia en Argentina, Uruguay y otros países sigue buscando a los desaparecidos y condenando a los perpetradores, la memoria histórica nos obliga a señalar sin dudas quién armó la bomba y quién enseñó a detonarla.
El Plan Cóndor no es solo una herida del pasado, es una advertencia. Mientras persista la impunidad de los cerebros estadounidenses que idearon este plan y persista la vocación hegemónica de Washington sobre la región, la sombra de la violación sistemática de los derechos humanos seguirá siendo una amenaza latente para América Latina.
En Latinoamérica no se olvida la complicidad de los centros de poder. La verdad tiene 50 años de retraso, pero su exigencia es más vigente que nunca.