El pasado viernes 24 de julio de 2026, la entrega del Premio Gabo volvió a colocar sobre la mesa el valor del periodismo narrativo en Iberoamérica. Sin embargo, más allá del reconocimiento a la calidad de lo que se está produciendo desde distintas latitudes de la región, la ceremonia dejó una imagen que resume, en un solo abrazo, la fragilidad de las libertades democráticas en nuestro continente.
En la categoría Texto, el jurado galardonó la crónica «El exilio nos alcanza», firmada por los hermanos Carlos y Óscar Martínez, del medio independiente salvadoreño El Faro. El momento cumbre de la noche aconteció cuando el premio fue entregado por el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, despojado de su nacionalidad en febrero de 2023 y forzado al destierro por la dictadura de Daniel Ortega desde junio de 2021. Que un periodista exiliado le entregara el máximo galardón regional a dos más, forzados al éxodo migratorio de periodistas que se dio en 2025 por el régimen de Nayib Bukele, no fue una coincidencia de protocolo: fue un hito profundamente simbólico sobre la diáspora que hoy atraviesa a las redacciones latinoamericanas.
La dimensión humana tras la persecución
Detrás de las investigaciones galardonadas existe un costo personal devastador. El discurso de recepción de los hermanos Martínez no solo confronta al poder, sino que desnudó la fisura familiar que genera la criminalización estatal a aquellos periodistas que dejan su tierra:
“Mira mamá, tus hijos se ganaron unos Gabo. Sé que ha sido duro para vos que echaran de tu país a tus tres hijos, pero aquello que nos dieron vos y mi papá llena de contenido las decisiones que tomamos hoy. Familia, les agradecemos un montón porque cuando tronó y llovió no se apartaron y nos abrigaron con amor”.
— Óscar Martínez, coautor de «El exilio nos alcanza»
Esta dedicatoria a la madre que ve a sus hijos expulsados por ejercer su oficio resonó en un auditorio donde decenas de periodistas latinoamericanos también han tenido que empacar sus vidas y despedirse de sus hogares en silencio.
Un mapa regional del despojo
Lo ocurrido con El Faro no es un hecho aislado. Durante la entrega se recordó que son más de 50 los periodistas salvadoreños de distintos medios que han tenido que salir de su país para continuar ejerciendo sin someterse al poder desde 2025. Sin embargo, las cifras de las organizaciones internacionales revelan una crisis estructural aún más profunda:
- Más de 900 periodistas exiliados: El informe Voces Desplazadas (PROLEDI/UNESCO) documenta más de 910 periodistas e investigadores forzados al exilio en América Latina entre 2018 y 2026.
- El bloque autocrático: Venezuela, Nicaragua y Cuba concentran más del 90% de las expulsiones periodísticas de la región.
- Nuevos focos de acoso: Países como El Salvador, Guatemala y Ecuador registran un incremento acelerado en la salida de periodistas debido al uso de leyes antiprensa, el acoso judicial y la violencia paramilitar.
La paradoja del refugio
En su intervención, Carlos Martínez inició expresando gratitud hacia México por acoger las operaciones de El Faro. Sus palabras pusieron en evidencia una contradicción recurrente en la región: cómo países que expulsan por persecución a sus propios periodistas terminan siendo, simultáneamente, refugio para comunicadores de otras nacionalidades.
México funciona hoy como trinchera y refugio para decenas de activistas y periodistas exiliados de Guatemala y El Salvador, entre otros países. No obstante, al mismo tiempo, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y la Red Voces del Sur ubican a México entre los países más peligrosos del mundo para la prensa local, registrando altos índices de homicidios que permanecen en la impunidad. Se huye de la persecución política para llegar a la fragilidad de la violencia territorial donde periodistas son secuestrados y asesinados. En lo que va del año han sido asesinados 7 periodistas.
El síntoma autoritario y la respuesta del oficio
El incremento de periodistas en el exilio es el síntoma más claro del avance de regímenes autoritarios. Como advierte la Red Voces del Sur en su informe Cartografía del Silencio, la represión ha mutado: cuando las agresiones directas generan costo político internacional, las autocracias optan por asfixiar legal y económicamente a los medios para expulsarlos y generar desiertos informativos donde solo impere la narrativa oficial.
Sin embargo, el exilio no ha logrado silenciar a la prensa latinoamericana. A través de alianzas transfronterizas y trabajo remoto, las redacciones desterradas siguen fiscalizando a los gobiernos desde el exterior, demostrando que una redacción no requiere de un edificio ni de una frontera física.
Por todo lo que atraviesa la región, es poderosa la conclusión de Carlos Martínez ante el auditorio del Premio Gabo, dirigiéndose a quienes buscaron apagar sus voces:
“Cierro dirigiéndome a los poderes y a los tiranos que creyeron que arrancándonos de la patria nos anularían y nos callarían. Mírennos, ¿les parecemos anulados o callados? Este cuento no ha terminado porque el silencio no es opción".
Una alarma para el exilio venidero
El avance de corrientes autoritarias de ultraderecha y de "mano dura" en la región opera mediante la asfixia institucional y el acoso directo a la prensa. Líderes como Nayib Bukele en El Salvador quien acumula decenas de agresiones verbales en redes sociales y acusaciones contra la prensa independiente catalogándola de "lavadores de dinero", han sentado un precedente que se replica en la región. En Ecuador, se han reportado múltiples agresiones contra periodistas bajo el gobierno de Daniel Noboa, cuyo uso recurrente de estados de excepción limita la cobertura en zonas de conflicto. En Perú, el bloque fujimorista promueve la llamada "Ley Anti-ONG" e iniciativas penales para elevar las penas por difamación, mientras en Chile los discursos de José Antonio Kast vinculan recurrentemente la fiscalización periodística con "fake news" o agendas ideológicas. En Colombia, posturas radicales y discursos estigmatizantes de figuras como Abelardo de la Espriella contra medios independientes refuerzan un clima donde la crítica se pretende criminalizar como traición a la patria.
Esta confluencia de descalificaciones públicas, criminalización judicial y hostigamiento digital anticipa una segunda ola de exilio regional que reconfigurará radicalmente los perfiles de expulsión. Si la crisis previa estuvo concentrada en los regímenes de izquierda de Nicaragua, Venezuela y Cuba, la consolidación de estos proyectos de derecha dura desplazará masivamente a periodistas ambientalistas, activistas de derechos humanos y comunicadores de la región andina y el Cono Sur.
Ante la alineación ideológica de varios gobiernos y la erosión de las garantías de asilo, se agudizará la paradoja de países que acogen exiliados mientras desprotegen a sus propios periodistas como el caso de México.
Este panorama terminará por empujar a esta nueva diáspora de periodistas hacia un confinamiento digital o hacia un exilio extracontinental, donde la fiscalización del poder latinoamericano tendrá que sostenerse, de forma inevitable, desde la distancia.