20 de mayo de 2026
Por: Quya Reyna
Hay una soledad abrumadora en la ciudad de El Alto, no se escuchan las bocinas comunes ni los comerciantes han salido del todo a vender. Personas se trasladan a pie, se escucha la goma de las bicicletas que atraviesan el asfalto en la Ceja, el centro de la ciudad.
La calma, sin embargo, no es la misma en la ciudad de La Paz, que se encuentra a 10 km de la ciudad alteña. Ahí, el humo de los gases y los gritos de renuncia retumban en las estrechas calles de la sede de gobierno. Campesinos de las federaciones de las 20 provincias campesinas “Túpac Katari” y “Bartolina Sisa”, la Central Obrera Boliviana y el magisterio rural, además de otros sectores sociales, han determinado realizar bloqueos y paros de transporte a lo largo del país, llegando a instalar más de 50 puntos de concentración. En la actualidad, es el departamento de La Paz donde se han intensificado las medidas.
Las determinaciones se han agudizado, debido a la indiferencia del gobierno de Rodrigo Paz por conducir a espacios de diálogo, llamando sólo a organizaciones paralelas para llegar a acuerdos que no atraviesan los pedidos sociales, como aclaración de la gasolina contaminada que el gobierno ha ido distribuyendo sin fiscalización ni regularización, además del acuerdo de aumento salarial para el magisterio urbano y rural, debido a que sus sueldos han sido congelados bajo decreto, mientras que se aumentó el salario mínimo nacional.
La última arremetida del gobierno fue la represión violenta que sucedió en la ciudad de El Alto a horas de la madrugada el sábado, 16 de mayo, en el Puente de Río Seco, donde mujeres y hombres adultos y de la tercera edad han sido reprimidos con gases y, paralelo a ello, arrestados. Durante el día, la población se reorganizó retomando nuevamente estos puntos de bloqueo, determinando una mayor agudización de las protestas.
Hay que destacar, que estas movilizaciones han sido intencionalmente relacionadas con el ex presidente Evo Morales, para asegurar su desprestigio y su estigmatización como marchas financiadas por el evismo, por las ONG’s y el narcotráfico, según declaraciones de los ministros y la vocería presidencial.
Ayer, la escalada de violencia policial dejó más de 90 arrestos y personas heridas por balines que han dejado en los últimos días a un joven con heridas en el rostro y la posible pérdida de un ojo y a otros manifestantes con heridas graves.
Esta represión planificada con los militares y la fuerza policial se realizó después de que el gobierno instauró el decreto 5620 que le da a la policía un bono anual y por única vez de 3.000 bolivianos (435 dólares), cuando justamente el magisterio rural ha solicitado que se negocie un aumento salarial, el gobierno ha insistido en ignorar estas peticiones.
No es el único decreto que Rodrigo Paz ha promulgado, pues en los últimos seis meses han sobrepasado el uso de decretos para gobernar sin ninguna intervención legislativa o de una oposición casi inexistente dentro del parlamento. El decreto 5503 que concentraba todo el poder de decisión sobre recursos del Estado en el ejecutivo, terminó ahogandose por movilizaciones sociales que determinaron su anulación en enero de este año, permitiéndole al gobierno quitar la subvención a los hidrocarburos.
Sin embargo, decretos como las 5515 y otras, demuestran que el gobierno buscaba instalar un régimen autoritario, pues el mismo decreto señalaba a la presidencia como único medio de gobierno incluso estando fuera del país, quitándole al vicepresidente Edmand Lara cualquier mando de sucesión en ausencia de Paz, rol que está avalado constitucionalmente.
Es importante decir que el vicepresidente fue uno de los elementos clave para el triunfo de Rodrigo Paz, pues representaba al sector popular y sus demandas, en cuanto se le quitó poder y se le otorgó el mismo a sectores empresariales y de la élite agroindustrial que ahora gobiernan con Rodrigo Paz se generó una profunda ruptura entre el gobierno y su electorado.
El gobierno no quiere compartir el poder con los sectores que lo llevaron a la silla presidencial, hay una sensación de traición, de ninguneo y de profunda indignación principalmente en los aymaras, que ahora son acusados de masistas cuando votaron por Rodrigo Paz, siendo este de derecha, sin otra alternativa, pues la segunda vuelta se debatía entre Jorge Tuto Quiroga, eterno derechista de la época de la privatización, y Paz.
La última estocada del gobierno ha sido determinar la aprehensión de dirigentes sindicales, entre ellos Mario Argollo, dirigente de la COB, David Quispe, miembro de las federaciones campesinas e incluso, ejecutivos del magisterio rural.
Esto predice que el gobierno no busca ceder ni instaurar el orden de forma horizontal, sino atacar a las movilizaciones y determinarlas como enemigas. La aprehensión de los dirigentes sólo llevará a un descontento mayor, pero el tira y afloje del gobierno sólo le ha servido para polarizar el campo social y apelar en la ciudadanía el racismo instaurado para reducir a los marchistas a simples “terroristas”, “salvajes” y otras denominaciones que corren por las redes sociales.
Esta pelea ha sido caricaturizada entre los buenos y los malos, porque, además, las movilizaciones hoy no concentran aceptación social, debido a la insistencia del gobierno y los medios tradicionales de mostrarlas como violentas, debido a vídeos que han ido circulando en donde manifestantes como el magisterio tumban paredes del ministerio de educación y otros.
Algo ha cambiado: esta Bolivia ya no es la misma del 2003, cuando existía una fuerte cohesión social en defensa de los recursos naturales y de la soberanía nacional. Aquella lucha, impulsada desde El Alto, trascendió lo regional para convertirse en una causa de todo el país. La Bolivia actual es resultado de ese proceso histórico y del crecimiento económico que permitió el surgimiento de una nueva clase media; sin embargo, también ha emergido una sociedad más distante de la conciencia colectiva y menos atenta a las decisiones e intereses que hoy ponen en riesgo el futuro del país.
Bolivia ha cambiado.